Fausto Rosario Adames.- En momentos en que el Gobierno se plantea reducir los impuestos al sector de la construcción para reactivar la economía y dar impulso al empleo, los ayuntamientos presionan para tener su particular impuesto al sector de las telecomunicaciones, que resulta ser uno de los más gravados en el actual esquema tributario.
Las telecomunicaciones han tenido un crecimiento sostenido, han contribuido con la dinamización de la economía y han permitido ampliar la red comunicacional del país, siendo este uno de los servicios más eficientes con que cuenta la sociedad dominicana.
Claro, los servicios resultan costosos y podrían subir de precio en caso de que los ayuntamientos tengan éxito en el Congreso con sus pretensiones de cobrar un 3% adicional al 28% que actualmente pagamos los usuarios del servicio.
El presidente de Indotel, José Rafael Vargas ha sido claro sobre los efectos dañinos que tendría elevar a 31% el impuesto a los servicios de telecomunicaciones. Se detendrían las inversiones en el área, la inversión extranjera en este renglón podría colapsar y el extraordinario trabajo de expansión de la red que promueve el Indotel podría también detenerse.
El interés de los ayuntamientos es irracional, según el presidente de Indotel. Ya los servicios pagan el ITBIS, de 16%, pagan un 10% de Selectivo al Consumo y el 2% para el Desarrollo de las Telecomunicaciones. Si el aumento fuese aceptado, como ocurre en todos los demás renglones, el aumento del costo será transferido a los usuarios.
Más que el interés de las empresas prestadoras de servicios, el esfuerzo político y legislativo lo debe realizar el ente regulador, consciente de los efectos nocivos que tendría la disposición.
Indotel debe tener muchas más razones para oponerse a este propósito: es un punto luminoso en la administración público en cuanto al manejo de recursos, en la transparencia que proyecta su dirección y en el desarrollo de programas innovadores, que han permitido democratizar los servicios de telecomunicaciones en general, en particular el internet.
La pretensión de los ayuntamientos de disponer un impuesto adicional a un servicio nacional ya gravado por el Gobierno, dañaría -lamentablemente- la buena gestión del doctor José Rafael Vargas, y de paso afectaría al Gobierno, al que le escasean muestras de buena administración, como el caso del Indotel.
