martes, 19 de febrero de 2008

Jefe PN pide modificación del Código de Protección al Menor

QUIERE QUE JÓVENES COMETEN DELITOS GRAVES SE JUZGUEN COMO ADULTOS.

SANTO DOMINGO.- El jefe de la Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, abogó porque el Código de Protección al Menor sea modificado para que los jovencitos que no hayan cumplido 18 años y cometan delitos graves sean juzgados como mayores.


El jefe policial afirma que hace la petición basado en que la mayoría de los actos delictivos que ventila y persigue la institución del orden público son cometidos por menores con edades entre 10 y 17 años, quienes son utilizados en el microtráfico de drogas y para matar por encargo.


Indicó que esos muchachos salen de las cárceles con mucha facilidad, debido a la protección que les da el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños Niñas y Adolescentes.


Entrevistado en el desayuno de LISTÍN DIARIO, junto al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, y el Comisionado de Apoyo a la Reforma Judicial, Alejandro Moscoso Segarra, el mayor general Guzmán Fermín refirió que en la actualidad adolescentes de 16 años son líderes en el tráfico y microtráfico de drogas, lo que provoca que a esa edad cuenten hasta con cinco acusaciones de homicidio.


“El tráfico de drogas, el microtráfico está afectando profundamente a la sociedad y por eso es que el Código del Menor también hay que reformarlo”, abogó el jefe de la Policía Nacional.


Guzmán Fermín indicó que en muchas ocasiones la Policía detiene a jóvenes que han sido sorprendidos en flagrante delito, pero la mayoría de las veces el tiempo que tardan para apresarlos es mayor que el que permanecen en las cárceles.


A eso se debe que el jefe policial, además de la reforma al Código del Menor, también abogue por la modificación al Código Procesal Penal, de manera que se amplíe a 48 horas el plazo para que una persona detenida sea entregada a la justicia. Precisó que en el Departamento de Análisis de la Policía hay oficiales dedicados exclusivamente a evaluar las estadísticas de los delitos cometidos por menores y que se ha determinado que la mayoría son cometidos por ese segmento de la población.


En ese sentido, dijo que los niños y adolescentes, a través del microtráfico, están carcomiendo y afectando a la sociedad, lo que calificó de muy lamentable y negativo para la República Dominicana.


Un caso“Hace unos cinco meses aproximadamente, a principio de nuestra gestión, que mataron a un francés en la calle Pedro Livio Cedeño esquina Ortega y Gasset y en la investigación de este evento, movilizamos seguido el departamento de homicidio, iniciamos las investigaciones y el responsable resultó ser un menor de 12 años”, expresó.


Manifestó que a ese niño, al momento de su detención, conjuntamente con el arma de fuego homicida con la que cometió el crimen, se le ocuparon 247 bolsas de cocaína, lo que a su juicio demuestra que además de que el menor de edad es homicida, también es traficante y consumidor de drogas.


De igual manera, precisó que cuando continuaron las investigaciones buscando en sus antecedentes, la Policía determinó que su padre estaba preso en la cárcel de Najayo por tráfico de drogas.


“Hoy en día nuestra sociedad está desarrollándose con una juventud que está siendo carcomida en un gran porcentaje por las drogas, por lo tanto tenemos que aumentar los esfuerzos para contrarrestar ese mal”, sostuvo el mayor general Guzmán Fermín. Indicó que a esa situación se agrega que una gran cantidad de menores son utilizados como “mulas” y para asesinar por encargo porque salen rápido de las cárceles.


El jefe de la Policía sostuvo que las estadísticas criminales arrojan como resultado que muchos de esos crímenes también están a cargo de jóvenes de 15, 16 y 17 años, que ya piensan y razonan, pero que están amparados por el Código del Menor con los mismos derechos que un niño de 10 años.


El mayor general Guzmán Fermín indicó que la situación ha creado un gran problema, ya que en la mayoría de los robos de cadenas, celulares y otros artículos están vinculados esos jóvenes que no tienen ningún tipo de afecto, porque provienen de familias destruidas.


No comparte el criterio de que la falta de oportunidades genera delincuencia, ya que, a su juicio, el hecho de que un individuo sea pobre o no tenga un empleo, no significa que tenga que ser violento o delincuente.


“Si se hace una encuesta entre los presos el 90% proviene de familias destruidas y entendemos que hay que diferenciar la violencia de la delincuencia. El 68% de los hechos delictivos provienen de la violencia y el restante es delincuencia”, indicó.


Todo esos hechos llevan al jefe policial a compartir la idea de que determinados tipos de delitos que sean cometidos por menores, los responsables sean procesados como mayores. El 26 de abril del año 2001 se realizó un Consejo de Gobierno a favor de la Infancia y la Adolescencia, a través del cual y mediante decreto se declaró de alta prioridad nacional la protección de los niños, niñas y adolescentes.


En esa oportunidad se instruyó a los secretarios de Estado, directores, administradores generales y demás funcionarios del gobierno central a bridnar las atenciones debidas a los responsables del sector niñez, a fin de garantizar la protección integral de nuestros niños, niñas y adolescentes.


De igual manera, se emitió el decreto 476-01 que creó una comisión para elaborar la propuesta de reforma a la ley 14-94 o Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.


Desde esa fecha un conjunto de instituciones del sector gubernamental, así como organizaciones no gubernamentales, asumieron un rol protagónico durante dos años para la elaboración de una propuesta de Ley que fuera consensuada y, sobre todo, legitimada y coherente con los principios y fundamentos de la Convención Interamericana sobre los Derechos del Niño.


La aprobación y posterior promulgación, el 7 de agosto de 2003, del Código para el sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) expresa la voluntad del Estado Dominicano para el cumplimiento del compromiso con los derechos humanos de los menores de edad.